El pasado 7 de Junio fue publicado en gaceta oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal para la Ciudad de México.
En los cuales, se incluyó el Art. 256 que equipara a los Administradores y Directores de Asociaciones Civiles a la categoría de servidores públicos a efecto de que puedan ser sujetos de responsabilidad penal por delitos conttal la buena administración, particularmente del delito de corrupción.
Artículos como el 256 aprobado por el Congreso de la Ciudad de México restringen derecho de libre asociación previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 20), en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 16) y en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (Art 9°) y que podría ser usado para perseguir a las asociaciones civiles que exigen la rendición de cuentas de las instituciones de gobierno local, afectando con ello a los sectores, comunidades y grupos vulnerables a los que ellas sirven, acompañaban y representan.
A esta amenaza de persecución penal, se le suma la eliminación del presupuesto del INDESOL, la cancelación de Fondos asignados a las Organizaciones civiles para llevar a cabo acciones sociales, las limitaciones a partir de la Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del impuesto al Valor Agregado, Ley del impuesto sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, entre otras restricciones del trabajo De las Organizaciones civiles en México.
El comunicado fue emitido por más de 15 Asociaciones Civiles que rechazan está Reforma y para el cual cuentan
con el apoyo internacional de Fundación para el Debido Proceso, Borde Político y Borde Jurídico.
